Opinión

Ley de lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación oral

Cinco años de la Ley

Por Trinidad Jiménez, Secretaria de Política Social del PSOE

06/05/2013

Han pasado prácticamente cinco años desde la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Y todavía recuerdo con gran emoción aquel día de gran celebración en el Congreso de los Diputados.

Sobre todo, porque la Ley de reconocimiento de las lenguas de signos españolas era una reivindicación histórica del movimiento asociativo representativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que pedían el reconocimiento necesario a un lenguaje, a una forma de expresión, utilizada por miles de personas en nuestro país ─se estima que en España viven algo más de 900.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a ello y, entre todos, logrando el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, se aprobó una Ley a través de la cual reconocíamos expresamente una realidad viva de nuestra sociedad y lo hacíamos con el más profundo respeto a la dignidad de todas las personas y con una expresa vocación de justicia social.

Sin duda, la Ley fue pionera en Europa y se ha convertido en un referente internacional en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad auditiva. Por una parte, la norma reconoce la lengua de signos española como lengua de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla, así como el derecho a su aprendizaje, conocimiento y uso. Por otra, la Ley establece y garantiza los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

En estos cinco años, también hemos logrado poner en marcha tanto el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, dedicado a la investigación, el fomento y la difusión de la lengua de signos española, así como el de velar por su buen uso, como el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), que tiene por finalidad coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, ambos previstos en la propia Ley 27/2007.
Es cierto que aún nos queda mucho por trabajo por hacer, para desarrollar plenamente la Ley que regula la lengua de signos y asegurar los derechos de las personas sordas; mucho camino por recorrer para llegar a la plena igualdad.

Pero también es cierto que, en los últimos años, se ha producido un gran avance en nuestro país en el ámbito de las políticas de apoyo e integración de las personas con discapacidad, gracias también a la intensa labor de sensibilización social, de impulso y permanente reivindicación llevada a cabo por las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias agrupadas en el CERMI.

Por ello, quisiera reconocer expresamente su trabajo y, de manera especial, la labor que realizan tanto la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) como la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que, con su esfuerzo y entusiasmo, desempeñan una labor responsable para mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad auditiva.

La crisis económica no puede servir de excusa para dar pasos atrás en la igualdad de las personas con discapacidad y recortar sus derechos fundamentales. Por ello, el Partido Socialista sigue comprometido con la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, con la igualdad de oportunidades y con la justicia social.